El grupo de origen español Keralty, dueño de la entidad promotora de salud (EPS) Sanitas, intervenida en abril del año pasado por el Gobierno colombiano, recurrió a "instancias internacionales" para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios.

Así lo manifestaron este jueves los accionistas del grupo Keralty en un comunicado en el que señalan que las medidas tomadas por el Gobierno "constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general".

Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una "resolución amistosa" de la disputa, el grupo empresarial que en abril pasado ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas, llevó el caso a la esfera internacional.

"En la medida en que todos los esfuerzos realizados por los accionistas del grupo Keralty fueron infructuosos (...) se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano".

Keralty no da detalles de esta demanda, pero el diario El Tiempo señaló que los accionistas de la compañía la presentaron el pasado martes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia.

Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %) reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.

Dinero de indemnización para la salud

Keralty señaló en el comunicado que destinarían "el total de la indemnización obtenida en instancias internacionales a recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS Sanitas con dichos recursos".

"Entre otros, esto tendría como resultado reforzar las operaciones de la compañía, proteger los empleos de nuestros colaboradores, garantizar la calidad de atención para nuestros usuarios y salvaguardar la sostenibilidad y el valor patrimonial de la empresa", agregó la compañía.

La Superintendencia de Salud de Colombia ordenó el 2 de abril del año pasado la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, y deudas por más de dos billones de pesos colombianos (unos 471 millones de dólares de hoy).

Sin embargo, Keralty sostiene que los problemas financieros de la EPS son causados por el mismo Gobierno, enfrentado con las empresas del sector y empeñado en hacer una reforma de la salud criticada incluso por organizaciones médicas porque consideran que empeorará la situación.

Esa postura fue reiterada en el comunicado de hoy en el que Keralty señala que "en los últimos años el Estado colombiano ha incumplido reiteradamente múltiples compromisos con EPS Sanitas bajo el sistema de salud y el derecho internacional, incluyendo su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud".

Keralty agregó que "la intervención forzosa e injustificada de EPS Sanitas" agrava "tanto la situación financiera de la compañía como la prestación de servicios a sus afiliados".

"Seguiremos trabajando para garantizar un sistema de salud justo, sostenible y enfocado en las necesidades de quienes más lo necesitan, reafirmando el papel de grupo Keralty como un actor responsable en el desarrollo del país", añadió la información.

EFE